COMUNIDAD LE HACE FRENTE A EMPRESAS POR INSTALACIÓN DE ANTENAS
El Frente de Comunidades en Contra de Instalaciones de Antenas en Puerto Rico que esta conformado por 35 comunidades, HERMANOS PERUANOS QUE ESPERAMOS PARA PONERMOS DE PIE , LEVANTAR NUESTRA VOZ DE PROTESTA, UNIDOS JAMAS SEREMOS VENCIDOS
Varios representantes de
comunidades denunciaron violaciones de esas mismas leyes por parte de las
empresas de telecomunicaciones, relataron diferentes sucesos en que la
seguridad de residentes se ha visto en peligro.
Expusieron posturas
diametralmente opuestas sobre la proliferación de antenas de telecomunicaciones
en la Isla.
Empresas de
telecomunicaciones y líderes comunitarios se enfrentaron ehoy, en una audiencia
senatorial frente a frente y expusieron posturas diametralmente opuestas sobre
la proliferación de antenas de telecomunicaciones en la Isla.
Los telecomunicadores
defendieron el actual estado de derecho, sustentado por legislación federal
aplicable a Puerto Rico, y se opusieron a un proyecto senatorial que impondría
más requisitos para la ubicación de antena en áreas pobladas.
Varios representantes de
comunidades denunciaron violaciones de esas mismas leyes por parte de las
empresas de telecomunicaciones, relataron diferentes sucesos en que la
seguridad de residentes se ha visto en peligro, y reclamaron que se apruebe
legislación que vaya más allá de lo que proponen los proyectos en discusión.
La Oficina de Gerencia de
Permisos y la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones también comparecieron
ante la Comisión de Banca, Seguros y Telecomunicaciones del Senado, y
advirtieron a la Legislatura que su campo de acción para reglamentar esta
actividad es tan amplio como lo permita la ley federal.
En particular, advirtió el
presidente de la Junta, Javier Rúa Jovet, nada de lo que se legisle puede
violentar las disposiciones de la ley federal que establece que no se puede
decretar una prohibición para la instalación de estas antenas, que los permisos
deben concederse dentro de los 90 días de solicitados cuando se trate de
instalar antenas en una torre ya construida, y 150 cuando sea una nueva
construcción.
Representantes de las comunidades denunciaron violaciones de esas mismas leyes por parte de las empresas de telecomunicaciones
En las audiencias depusieron
representantes de comunidades del Viejo San Juan, San Sebastián del Pepino,
Ponce y Aguada, entre otras, así como la Coalición de Comunidades Contra la
Proliferación de Antenas en Puerto Rico.
La ponencia de este grupo
resumió la postura de los vecinos presuntamente perjudicados por esta actividad
empresarial.
“Actualmente, el desasosiego
y el temor existen y no se ha logrado aún armonizar los intereses comerciales
con los de los ciudadanos, y es por esa razón que estamos aquí, buscando
armonizar esos intereses”, expresó el portavoz del grupo, Wilson Rivera Ramos.
Denunció que en Borinquen
debe haber ya instaladas sobre 2,000 torres, por lo que con un estimado
conservador de tres antenas por torre, deben estar instaladas sobre 6,000
antenas en toda la Isla.
“Si a ese número sumamos las
más de 600 antenas militares que operan en Puerto Rico, estamos hablando de un
territorio con emisiones electromagnéticas y de baja frecuencia a todo lo largo
y ancho de nuestro territorio”, expresó Rivera Ramos.
Adelantándose a la propuesta
que presentaría la organización, cuestionó la razón para que en Puerto Rico se
establezca una distancia de 100 metros o menos entre una torre de estas y la
residencia más cercana, mientras que en España es de 600 metros, en Chile de
500, en México 400 y en los Estados Unidos 300 metros.
Rivera Ramos tuvo palabras
fuertes para las empresas de telecomunicaciones en Puerto Rico y sus prácticas.
“De los empresarios con los
que nos hemos enfrentado no nos vamos a expresar. Ya hemos conocido sus
prácticas e imposiciones: falta de diálogo, intimidaciones, imposiciones,
acusaciones falsas y denuncias que se han visto y continuarán viéndose en su
momento”, dijo el activista comunitario.
Las propuestas del grupo
son: ampliar las distancias a 400 metros; que no se instalen antenas cerca de
las escuelas ni en los cascos urbanos; que se le reconozca más intervención a
los municipios en estos casos; vistas públicas obligatorias en los casos de
antenas, y un plan macro para la ubicación y la reubicación de antenas.
Entre los casos presentados
se incluyó el de Zulma I. Figueroa Marty, a quien se le quiere construir una
torre de 170 pies en el patio del vecino aledaño, que de caer por algún
fenómeno natural o defecto de construcción, caería sobre la terraza de la
residencia.
También expuso su situación
Ivette Olan y su esposo Nelson López, a quienes se les construyó una torre
cerca de su hogar en la comunidad Quebrada del Agua en Ponce, y luego del
movimiento de terrenos y tala de árboles para esa construcción, se produjo el
desprendimiento de tres grandes rocas que llegaron hasta la casa y, una de
ellas, cayó sobre el vehículo de López, quien se encontraba dentro del mismo,
resultando con heridas y laceraciones.
En todos los casos se
denunció que no se notificó a la comunidad, que se violentan las disposiciones
sobre distancia y algunas otras contenidas en las leyes vigentes.
Rechazo de las empresas
El conjunto de empresas que
acudió a la audiencia rechazó el Proyecto del Senado 649, de la autoría del
presidente senatorial Eduardo Bhatia, por entender que el mismo conlleva
violaciones a las leyes federales que reglamentan esta actividad.
La medida propone cambios en
la forma en que se mide la distancia, para ampliar la misma; ordena la
celebración de vistas públicas compulsorias; ordena también notificar
“personalmente” a todos los residentes 100 metros a la redonda de la
colindancia del área donde se establecería la torre y otorga mayor
participación a los municipios en la revisión de los permisos para su
instalación.
“Debemos destacar que los
proponentes de proyectos para la ubicación o construcción de torres de
telecomunicaciones tienen el objetivo de ampliar y mejorar las redes de
telecomunicaciones fundamentados en parámetros de necesidad y no por
motivaciones caprichosas”, sostuvo el portavoz de Puerto Rico Telephone Co.
(Claro) en el proceso, Walter Arroyo.
“El añadir requisitos tales
como los antes discutidos podría atentar contra la agilidad de los permisos,
retrasando el desarrollo de las telecomunicaciones y la construcción de las
facilidades inalámbricas necesarias en Puerto Rico, lo que podría considerarse
como una barrera u obstáculo para que las compañías de telecomunicaciones
realicen negocios localmente, contrario a la Sección 332 (c) (3) de la Ley
Federal de Telecomunicaciones”, agregó resumiendo el sentir de las empresas del
sector.
Fuente:
No hay comentarios:
Publicar un comentario